El gobierno ha planteado fuertemente la necesidad de modificar la Ley Federal de Educación haciéndose eco de ciertos cuestionamientos, la mayoría de ellos fundados en razones de carácter ideológico. Ahora bien, ¿hay una necesidad real de tener una nueva ley de educación?. Personalmente creo que no existe una necesidad perentoria de reemplazar la ley vigente, que es fruto del amplio y democrático debate que se desarrolló durante el II Congreso Pedagógico Nacional. En efecto, entre septiembre de 1984 y marzo de 1988, la sociedad argentina en su conjunto y la comunidad educativa en particular, se movilizaron en un encuentro sin precedentes por el nivel de participación, donde reflexionaron, debatieron y acordaron principios, derechos y objetivos, muchos de los cuales hoy constituyen el andamiaje jurídico y axiológico del Sistema Educativo Argentino.
Igualmente no podemos desconocer que algunos de los puntos que se le critican a la ley 24.195 son producto del proceso legislativo más que conclusiones del Congreso Pedagógico. Como ejemplo basta citar el tema de la Estructura del Sistema Educativo. Por otro lado podemos afirmar que muchas de las quejas que se escuchan sobre la situación actual de la educación nada tienen que ver con la Ley Federal. ¿Acaso la ley de educación es culpable de la situación social que vivió y vive el país?. Asimismo la tan publicitada Ley de Financiamiento propone llegar en el 2010 al mismo presupuesto que la Ley Federal de Educación, en su Título XI, ya estipulaba para hoy. Y como este tema podemos nombrar muchos más donde se demuestra que todavía no se aplicó realmente la ley 24.195. O se aplicó pero mal, como fue el tema de la descentralización.
Para que la educación sea realmente una Política de Estado y no una política de gobierno que cambia con cada presidente, es necesario definir primero qué país queremos y qué concepción de persona tenemos. Pero sin pensar en estos planteos fundamentales el Poder Ejecutivo lanzó un “Documento para el Debate”, y sobre esto también quiero decir algo.
En primer lugar tenemos que aclarar que no es verdaderamente un debate sino una compulsa de opiniones. Todos dicen lo que quieren decir sin pensar en una instancia superadora. Es una suma de monólogos que busca hacer las veces de diálogo. Además el ajustado cronograma nos llevaba a pensar que era un tema urgente y no realmente importante. Pero el problema no fue sólo de tiempos sino también, y como ya marcamos, metodológico. De hecho la encuesta, tal como se la planteó, no es seria, ni representativa, ni confiable, ni transparente. Como instrumento, evidentemente, no sirve. Persigue el mismo objetivo de toda esta movida: hacer como si hubiese participación.
A esta altura podríamos agregar otra pregunta: ¿para qué una nueva ley de educación?. Las familias, los docentes, los alumnos, y la mayoría de los actores educativos plantean la necesidad de renovar contenidos, cuestiones de infraestructura edilicia, convivencia... pero nadie les dice que eso no necesita una nueva ley. Falta gestión y decisión política, y eso no lo modifica el cambio del marco legal. Al respecto no puedo dejar de citar las palabras del Card. Bergoglio cuando dijo “cambiamos todo para que nada cambie”, advirtiendo que “no hay gatopardismo sin interés espurio debajo”.
Frente a esta situación se ha presentado, desde el Interbloque Propuesta Federal, un proyecto alternativo de Ley Federal de Educación. Allí asumimos los consensos obtenidos hace menos de 20 años por la sociedad argentina, retomando la senda constitucional del federalismo educativo y respetando los principios filosóficos y axiológicos de nuestro marco normativo vigente. Lo hicimos convencidos de que todos queremos una educación de calidad, de excelencia, que nos lleve a ser cada vez mejores personas y construir una mejor Nación. Sabemos que la calidad educativa nos remite de inmediato a la eficiencia, la eficacia y la equidad. Por eso mismo estamos por presentar otro proyecto titulado “Sistema de Calidad y Equidad Educativa” donde se crea el Convenio de Equivalencia de la Enseñanza, como una herramienta más para poder cumplir con los objetivos propuestos.
Otro consenso que no necesita debate es el tema de la inclusión y la justicia social. En nuestro proyecto pasamos de la declaración a la concreción al proponer, entre otras cosas, una asignación por alumno. El Estado Federal implementará esta asignación con el objetivo de garantizar a todos los niños y adolescentes el cumplimiento de la obligatoriedad dispuesta en la ley. Esta asignación consistirá en un ingreso mensual que cubrirá las necesidades elementales para mantener la condición de alumno regular de los niños y adolescentes de los sectores sociales más desfavorecidos que cursen la escolaridad obligatoria. El ingreso será solicitado y percibido por los padres o representantes legales contra la presentación de la libreta escolar que certifique la asistencia regular de los alumnos a clase.
No quisiera finalizar este artículo sin hacer un sintético comentario sobre el anteproyecto oficial. El borrador para la discusión que presentó el Ministerio es claramente ley, reglamentación y discurso ideológico todo a la vez. Por momentos parece más un panfleto publicitario que una Ley de Educación. Quizás sea más un escrito para repartir que un texto legislativo. Quizás sea porque realmente no necesitamos una nueva ley de educación.
Igualmente no podemos desconocer que algunos de los puntos que se le critican a la ley 24.195 son producto del proceso legislativo más que conclusiones del Congreso Pedagógico. Como ejemplo basta citar el tema de la Estructura del Sistema Educativo. Por otro lado podemos afirmar que muchas de las quejas que se escuchan sobre la situación actual de la educación nada tienen que ver con la Ley Federal. ¿Acaso la ley de educación es culpable de la situación social que vivió y vive el país?. Asimismo la tan publicitada Ley de Financiamiento propone llegar en el 2010 al mismo presupuesto que la Ley Federal de Educación, en su Título XI, ya estipulaba para hoy. Y como este tema podemos nombrar muchos más donde se demuestra que todavía no se aplicó realmente la ley 24.195. O se aplicó pero mal, como fue el tema de la descentralización.
Para que la educación sea realmente una Política de Estado y no una política de gobierno que cambia con cada presidente, es necesario definir primero qué país queremos y qué concepción de persona tenemos. Pero sin pensar en estos planteos fundamentales el Poder Ejecutivo lanzó un “Documento para el Debate”, y sobre esto también quiero decir algo.
En primer lugar tenemos que aclarar que no es verdaderamente un debate sino una compulsa de opiniones. Todos dicen lo que quieren decir sin pensar en una instancia superadora. Es una suma de monólogos que busca hacer las veces de diálogo. Además el ajustado cronograma nos llevaba a pensar que era un tema urgente y no realmente importante. Pero el problema no fue sólo de tiempos sino también, y como ya marcamos, metodológico. De hecho la encuesta, tal como se la planteó, no es seria, ni representativa, ni confiable, ni transparente. Como instrumento, evidentemente, no sirve. Persigue el mismo objetivo de toda esta movida: hacer como si hubiese participación.
A esta altura podríamos agregar otra pregunta: ¿para qué una nueva ley de educación?. Las familias, los docentes, los alumnos, y la mayoría de los actores educativos plantean la necesidad de renovar contenidos, cuestiones de infraestructura edilicia, convivencia... pero nadie les dice que eso no necesita una nueva ley. Falta gestión y decisión política, y eso no lo modifica el cambio del marco legal. Al respecto no puedo dejar de citar las palabras del Card. Bergoglio cuando dijo “cambiamos todo para que nada cambie”, advirtiendo que “no hay gatopardismo sin interés espurio debajo”.
Frente a esta situación se ha presentado, desde el Interbloque Propuesta Federal, un proyecto alternativo de Ley Federal de Educación. Allí asumimos los consensos obtenidos hace menos de 20 años por la sociedad argentina, retomando la senda constitucional del federalismo educativo y respetando los principios filosóficos y axiológicos de nuestro marco normativo vigente. Lo hicimos convencidos de que todos queremos una educación de calidad, de excelencia, que nos lleve a ser cada vez mejores personas y construir una mejor Nación. Sabemos que la calidad educativa nos remite de inmediato a la eficiencia, la eficacia y la equidad. Por eso mismo estamos por presentar otro proyecto titulado “Sistema de Calidad y Equidad Educativa” donde se crea el Convenio de Equivalencia de la Enseñanza, como una herramienta más para poder cumplir con los objetivos propuestos.
Otro consenso que no necesita debate es el tema de la inclusión y la justicia social. En nuestro proyecto pasamos de la declaración a la concreción al proponer, entre otras cosas, una asignación por alumno. El Estado Federal implementará esta asignación con el objetivo de garantizar a todos los niños y adolescentes el cumplimiento de la obligatoriedad dispuesta en la ley. Esta asignación consistirá en un ingreso mensual que cubrirá las necesidades elementales para mantener la condición de alumno regular de los niños y adolescentes de los sectores sociales más desfavorecidos que cursen la escolaridad obligatoria. El ingreso será solicitado y percibido por los padres o representantes legales contra la presentación de la libreta escolar que certifique la asistencia regular de los alumnos a clase.
No quisiera finalizar este artículo sin hacer un sintético comentario sobre el anteproyecto oficial. El borrador para la discusión que presentó el Ministerio es claramente ley, reglamentación y discurso ideológico todo a la vez. Por momentos parece más un panfleto publicitario que una Ley de Educación. Quizás sea más un escrito para repartir que un texto legislativo. Quizás sea porque realmente no necesitamos una nueva ley de educación.
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